Colombia: un nuevo (viejo) acuerdo bilateral

En un contexto de crisis internacional, donde las políticas proteccionistas están a la orden del día, la firma de un Tratado de Libre Comercio parecería ir contra la marea -más aún cuando entre los suscriptores existen diferencias estructurales inmensas que derivaran en la firma de un acuerdo asimétrico. Una lectura solo económica nos lleva a un reduccionismo que no nos permite comprender el detrás de escena de dicho compromiso. Para evitar esto es importante hacer un breve recorrido histórico donde podamos ver la voluntad de influir de los Estados Unidos en Latinoamérica y cómo ésta política, particularmente, ha impactado en las relaciones con Colombia. No podemos en esta instancia olvidar la centralidad que el conflicto interno colombiano ocupa en las relaciones con los Estados Unidos.

Finalmente, entrado el siglo XXI es esencial pensar en el deterioro relativo de poder de los Estados Unidos frente a la región y consecuentemente su necesidad de mantener lazos con sus aliados históricos. De suma importancia resulta el análisis del contexto geopolítico regional en que se encuentra inmersa Colombia, en el cual Bogotá se ve obligada a reservarse opciones de poder,  en una zona que al menos en la primera década del nuevo siglo la miró con recelo y desconfianza.

América para los Estados Unidos

En 1823 el Presidente de los Estados Unidos, James Monroe, declaró un famoso mensaje comúnmente llamado la “Doctrina Monroe”. En el campo de la política hay pocas fes más incondicionales que la del pueblo norteamericano en esta Doctrina[1]. Allí se manifestaba que el sistema político de las potencias europeas era distinto al de América[2]  y fundamentalmente que: los Estados Unidos no podían admitir ninguna interposición (sobre los Estados latinoamericanos recientemente independizados) con el propósito de oprimirlos o de controlar de cualquier otra manera su destino, lo cual sería considerada una acción inamistosa.

Con la mencionada Doctrina, los Estados Unidos se reservaban el control del continente. Pese a esta advertencia, durante gran parte del siglo XIX, Washington no fue un actor de peso para el subcontinente –el país necesitó este tiempo para consolidarse internamente y llevar adelante un espectacular desarrollo capitalista– concediendo a Gran Bretaña un rol predominante en la región.

El velo “altruista” que cubría al mensaje Monroe comenzó correrse hacia finales de siglo.  En 1889 la Primer Conferencia Panamericana realizada en Washington fue el primer intento por institucionalizar las relaciones (asimétricas) con Latinoamérica. En adelante, los Estados Unidos emprenderían una política de mano dura e intervencionista hacia la región –mejor conocida como el gran garrote: América Central y el Caribe  pasarían a ser el lugar de ensayo para su política expansionista; convirtiéndose en  su verdadero patio trasero.

Una relación especial

Colombia, geográficamente más próxima a los Estados Unidos que ningún otro país del cono sur, no escapó al radio de influencia que el gigante norteamericano proyectaba sobre Centro América y el Caribe.

A inicios del siglo XX Colombia vivía una situación dramática. La “Guerra de los Mil Días” -una guerra civil- terminó con la amputación del Departamento de Panamá, que se convirtió en 1903 en una República “independiente”. Este hecho fue clave para la política exterior colombiana: el incidente subrayó su impotencia frente a los Estados Unidos –patrocinadores de la independencia panameña- y en consecuencia su política externa adquirió un carácter introvertido y de bajo perfil. Desde este momento la satisfacción de sus objetivos diplomáticos se verían subordinados a una asociación con el país del norte[3].

El resto del siglo tampoco fue calmo para Colombia. El abandono y violación a los derechos de los campesinos[4] por el Estado fue potenciando una situación de lucha social. De este modo, la necesidad de los mismos campesinos de auto defenderse de la paradójica ausencia/presencia del Estado generaron las condiciones para que el pensamiento de influencia marxista se enraizara con fuerza. La desigualdad social y la corrupción, sumado al resentimiento anti norteamericano -reforzado tras la pérdida de Panamá[5]-  son el seno de nacimiento de las organizaciones guerrilleras.  Si a nivel externo, la historia colombiana tuvo su parte aguas en 1903, la irrupción de la guerrilla lo es a nivel interno.

A mediados de los años ’60, en un clima de violencia alimentado tanto por la guerrilla como por los diferentes partidos políticos y el propio Estado, inician actividades las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) -actualmente la organización guerrillera más antigua e importante[6]-, actor fundamental al interior pero sin dudas con implicancias que trascienden las fronteras nacionales.

Hacia los años ’70 y ’80 la cuestión del narcotráfico se ubica en un primer plano. En adelante la distancia que las FARC mantenían respecto a la droga se hará difusa.

Durante la presidencia de Belisario Betancur las relaciones bilaterales con Estados Unidos refuerzan la asociación dependiente. Colombia se plegó a la política anti-drogas de la Casa Blanca lo cual implicó una identificación del narcotráfico como amenaza a la seguridad nacional  -o su securitización- y la adopción de estrategias prohibicionistas y represivas para combatirlo[7].

No obstante el deterioro de las relaciones durante los años ’90, los atentados terroristas del 9-11 y la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe en 2002 convirtieron al gobierno de Bogotá en un apoyo incondicional para los Estados Unidos y, consecuentemente se comprometió seriamente la resolución del conflicto interno de Colombia.

Bilateralismo ante el fracaso multilateral

Como vimos, Estados Unidos siempre consideró como área de influencia exclusiva a América Latina. Los años ’90 fueron un momento especial en la relación. La mayoría de los gobiernos –si bien con diferente intensidad- aceptaron los lineamientos del nuevo orden internacional que surgía tras el fin de la Guerra Fría y estrecharon sus lazos con el único y gran vencedor. Un optimismo desmedido se expandió por el continente de tal modo que los mismos Estados Unidos soñaron con la posibilidad de crear un área de libre comercio hemisférica que se materializaría en la Iniciativa para las Américas, devenida luego en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Esta propuesta no significaba el abandono de la proyección hegemónica, sino que era “el comercio hecho estrategia[8]”.

En 1994 inician las negociaciones del ALCA, pero a medida que avanzan los años el asunto se irá complicando.  En la IV Cumbre de las Américas en 2005 la historia volvía a repetirse: las asimetrías entre los Estados nuevamente condenaban a muerte un proyecto de libre comercio continental.

Ante este notable fracaso de la política exterior norteamericana, los esfuerzos por lograr dicho cometido mediante tratados de libre comercio (TLC) bilaterales se vieron en aumento -si bien años previos a 2005 y en el contexto de negociaciones estancadas los Estados Unidos ya empleaban esta estrategia complementariamente.

Colombia logró la aprobación ampliada de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas[9] en 2003[10] e inició negociaciones con la Casa Blanca para la firma de un TLC. Las cuestiones de seguridad y la estrepitosa voluntad del presidente Uribe por lograr -como fuera- un acuerdo de libre comercio debilitaron severamente la posición negociadora del país sudamericano.

El triunfo demócrata en las elecciones legislativas de 2006 congeló las negociaciones. El Congreso de los Estados Unidos ponía como condición para reanudarlas –y eventualmente aprobar el tratado- un combate enérgico a la violencia contra los sindicalistas[11]. Solo recién en octubre de 2011 el Congreso de los Estados Unidos aprobó el TLC con Colombia.

El TLC

El pasado 15 de mayo de 2012 entró en vigor el TLC. Este acuerdo viene satisfacer el objetivo colombiano por el acceso unilateral y permanente al gigante mercado de los Estados Unidos. Hasta entonces accedía por medio de la  prorrogación del ATPDEA[12] que culminó el 15 de febrero de 2011.

El TLC inicialmente beneficia a los sectores exportadores que podrán vender sus productos y servicios, en condiciones muy favorables, en el mercado estadounidense[13]. En consecuencia su atractivo principal es convertir a Colombia en una plataforma exportadora hacia los Estados Unidos. Inversionistas extranjeros -cuyos países no cuenten con las ventajas de un TLC- podrán producir en Colombia y exportar[14].

El gobierno, del ahora presidente Juan Manuel Santos, celebra dicho tratado. Siguiendo las palabras de Santos “esperamos que el TLC creará en Colombia al menos 500.000 puestos de trabajo en los próximos cinco años y que el comercio entre ambos países aumentara en un 25 por ciento[15]“.

Este optimismo, a nivel oficial, no se ve opacado por la siempre presente conflictividad interna: “Colombia ha sufrido “mucho” por la violencia, pero ahora los inversores están viniendo a Colombia porque ven que la situación de seguridad ha mejorado y que el gobierno la combate con políticas efectivas[16]”se manifestó al respecto el presidente.

Pese a las notables ventajas que pueda traerle a Colombia, no debemos olvidar que el TLC se afirma sobre un parámetro de relaciones asimétricas. Es lógico que en tal situación muchos sectores se muestren reticentes frente a dicho acuerdo, que viene a institucionalizar aquel parámetro. Por ejemplo, organizaciones no gubernamentales (ONG) alertaron que los campesinos colombianos se verían afectados, dado que el TLC le permitió a los Estados Unidos continuar con su política proteccionista a través de ayudas internas a la producción en materia agropecuaria[17].

Reflexiones

El TLC tiene como fundamento las relaciones asimétricas, de las cuales no solo Colombia es víctima. Pese al deterioro relativo del poder norteamericano, aún las diferencias económicas y políticas son abismales; y solo muy pocos Estados del mundo tienen la capacidad de atenuar individualmente estas disparidades.

Se enmarca, como dijimos, en la opción de negociaciones bilaterales –acentuadas sobre todo después del fracaso del ALCA[18]- donde los actores ven reducidos sus márgenes de acción frente a la potencia hegemónica. Además es una muestra de como el perímetro de seguridad de los Estados Unidos se ha extendido tras los sucesos del 9-11[19] y es consecuente con la caracterización de las FARC como organización terrorista y con la internacionalización del conflicto interno que se proyecta cada vez más fuera de las fronteras colombianas.

En este marco, es lógico que los Estados Unidos deseen institucionalizar los vínculos. La violencia interna deja de ser ya una excusa para retardar el tratado. Ahora se prioriza (pragmáticamente) la necesidad de consolidar relaciones con –tal vez- uno de los pocos aliados en una región que se siente segura de sí misma como nunca antes y que diversifica sus vínculos con nuevos Estados emergentes.

Para Colombia, rodeada por vecinos hasta hace poco hostiles, es a nivel geopolítico un modo asegurarse opciones de poder ante un eventual reavivamiento del conflicto. A nivel comercial, es una jugada más arriesgada: deberá evaluar constantemente los efectos que la dinámica de libre comercio genere, con miras a evitar que las dimensiones del mercado estadounidense impacten negativamente en su estructura económica; a la cual la necesita con vitalidad para hacer frente a altos niveles de conflictividad social (y evitar el surgimiento de nuevos).